En diciembre de 2025, ocurrió algo sin precedentes en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente celebrada en Nairobi. Por primera vez en la historia del PNUMA y la UNEA, los pueblos indígenas presentaron formalmente una Declaración de los Pueblos Indígenas directamente a la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7) y al Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
No se trataba de un gesto simbólico, sino de una intervención política.
La declaración, adoptada por los pueblos indígenas de las siete regiones socioculturales, hace lo que muchos gobiernos, empresas e instituciones internacionales se niegan a hacer: señala las causas fundamentales de la crisis planetaria, rechaza de plano las soluciones falsas y exige una transformación de la gobernanza ambiental basada en los derechos y fundamentada en el liderazgo y la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Una de las afirmaciones más importantes de la declaración es aparentemente simple: los pueblos indígenas son titulares de derechos, no partes interesadas.
Esta distinción es importante. El lenguaje de las “partes interesadas” se ha convertido en una herramienta favorita de las industrias extractivas y los responsables políticos porque aplana el poder. Trata a las naciones indígenas como un grupo de interés más entre muchos otros —sin diferencia con las empresas, los inversionistas o los consultores— en lugar de como pueblos con derechos inherentes a la tierra, el agua, la gobernanza y la autodeterminación.
Por el contrario, la declaración fundamenta la gobernanza ambiental en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), afirmando explícitamente el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), la plena participación en la toma de decisiones y la autoridad sobre sus tierras y territorios. La política ambiental, sostiene, no puede ser legítima —y mucho menos eficaz— si sigue marginando a quienes han protegido los ecosistemas durante milenios.
Este enfoque por sí solo desafía el modelo tecnocrático y jerárquico que domina actualmente la toma de decisiones en materia climática y medioambiental.
Lo que hace que esta declaración sea especialmente significativa para los movimientos que desafían el extractivismo “verde” es su rechazo inequívoco a las soluciones falsas.
La declaración rechaza explícitamente los mecanismos que perpetúan el daño mientras pretenden abordar el colapso ecológico, incluyendo las compensaciones de carbono, la geoingeniería, los canjes de deuda y las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza” que mercantilizan la tierra y se apropian del conocimiento indígena. Estos enfoques, afirma la declaración, erosionan la autodeterminación indígena, amenazan los medios de vida, permiten el despojo de tierras y refuerzan el extractivismo bajo una nueva marca.
Este lenguaje es sorprendente, no porque las comunidades no lo hayan estado diciendo durante años, sino porque aparece en una declaración formal presentada ante el máximo órgano rector en materia de medio ambiente de la ONU.
Mercados de carbono que permiten a los contaminadores seguir emitiendo. Vías hacia el “cero neto” que se basan en trucos contables en lugar de reducciones reales. Megaproyectos vendidos como soluciones climáticas que, sin embargo, agotan los recursos hídricos, amplían la extracción o desplazan a comunidades. La declaración va más allá del lavado verde e identifica estas estrategias por lo que son: extensiones del mismo sistema económico que impulsa la crisis.
La declaración enmarca el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación —la denominada “triple crisis planetaria”— como inseparables de las violaciones de los derechos humanos. La degradación ambiental no es un efecto secundario desafortunado del desarrollo, sino un ataque directo a los derechos de los pueblos indígenas a la salud, la cultura, la tierra y la vida.
Este enfoque es importante porque pone de manifiesto el fracaso moral y legal de las estrategias climáticas que priorizan la rapidez, la escala o la confianza de los inversionistas por encima de la justicia. También explica por qué las soluciones técnicas por sí solas nunca serán suficientes. Según la declaración, las soluciones que ignoran los sistemas de conocimiento, las ciencias y las prácticas indígenas no solo son incompletas, sino que adolecen de defectos fundamentales.
El conocimiento indígena no se considera folclore ni un complemento opcional. Se describe como empírico, en constante evolución y basado en milenios de observación, reciprocidad y relaciones vividas con el mundo natural. En otras palabras: experiencia real.
La declaración va más allá de la crítica. Plantea una visión de lo que se necesita para llevar a cabo acciones significativas en materia climática y medioambiental.
Esto incluye la eliminación total de los combustibles fósiles, los productos químicos tóxicos y los plásticos a lo largo de todo su ciclo de vida, no solo en el momento de su combustión o eliminación. Requiere economías regenerativas y circulares dirigidas por los pueblos indígenas y basadas en la no toxicidad, la reciprocidad y la sostenibilidad. Exige garantías sólidas para las tecnologías emergentes a fin de evitar nuevas formas de extracción y explotación antes de que se normalicen.
Fundamentalmente, también exige el acceso directo a la financiación medioambiental y climática para los pueblos indígenas, sin la intervención de gobiernos, empresas o grandes ONG. La declaración insiste en que la responsabilidad debe aplicarse no solo a los Estados, sino también a las empresas y las instituciones financieras que se benefician del daño medioambiental.
Y exige protección para los defensores indígenas de la tierra y el medio ambiente, que siguen enfrentándose a la violencia, la criminalización y el desplazamiento por defender sus territorios.
Las soluciones falsas persisten porque son convenientes para quienes están en el poder. Permiten que las instituciones parezcan receptivas sin renunciar al control, las ganancias o el capital político. Se basan en la toma de decisiones centralizada, los mercados opacos y la exclusión de las comunidades más afectadas por el daño ambiental.
La Declaración de los Pueblos Indígenas a la UNEA-7 expone ese modelo tal y como es, y ofrece un camino a seguir fundamentalmente diferente.
Nos recuerda que proteger el planeta y proteger los derechos de los pueblos indígenas son dos cosas inseparables. Que la justicia climática no es un ejercicio de imagen de marca. Y que ya existen soluciones reales, si las instituciones están dispuestas a escuchar, compartir el poder y dar un paso al lado.
FalseSolutions existe para desafiar los mitos que mantienen vivos los sistemas destructivos. Esta declaración demuestra que los más afectados por la extracción y la contaminación no solo se resisten a las soluciones falsas, sino que están liderando el camino hacia un futuro justo, no tóxico y regenerativo.
La pregunta ahora es si los gobiernos y las instituciones finalmente seguirán el ejemplo.
Lea la Declaración: Declaración de los pueblos indígenas ante la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7)