El 29 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión unánime que reduce significativamente el alcance de las revisiones ambientales bajo la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés). Este fallo limita a las agencias federales a considerar únicamente los efectos directos de los proyectos de infraestructura, excluyendo impactos ambientales más amplios como las emisiones indirectas y los efectos climáticos acumulativos.
El caso se centró en la aprobación de una línea ferroviaria de 88 millas en Utah, diseñada para transportar petróleo crudo desde la Cuenca de Uinta hasta refinerías, principalmente en la Costa del Golfo. Grupos ambientalistas argumentaron que la revisión ambiental de la Junta de Transporte Superficial (STB, por sus siglas en inglés) no tomó en cuenta los impactos climáticos más amplios derivados del aumento en la producción y el consumo de petróleo que facilitaría la línea ferroviaria. Sin embargo, la Corte Suprema determinó que la NEPA no exige que las agencias consideren estos efectos indirectos.
Esta decisión representa un alejamiento de las interpretaciones previas de la NEPA, que permitían evaluaciones integrales de los impactos ambientales, incluyendo efectos indirectos y acumulativos. Al restringir las revisiones a impactos directos, el fallo potencialmente debilita los esfuerzos para abordar el cambio climático y las preocupaciones de justicia ambiental.
Defensores del medio ambiente expresan su preocupación de que esta limitación obstaculice la capacidad de evaluar todas las consecuencias ambientales de los proyectos, especialmente aquellos relacionados con infraestructura de combustibles fósiles. La decisión podría sentar un precedente que permita la aprobación de proyectos sin una evaluación exhaustiva de su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio climático.
Las comunidades ubicadas cerca de proyectos de infraestructura propuestos, especialmente aquellas que ya enfrentan cargas ambientales, podrían enfrentar mayores riesgos. El fallo podría conducir a la aprobación de proyectos que agraven la contaminación y los problemas de salud sin una evaluación adecuada ni medidas de mitigación.
Por ejemplo, el Gasoducto Mountain Valley, un proyecto de gas natural que atraviesa Virginia Occidental y Virginia, ha enfrentado oposición debido a violaciones ambientales y preocupaciones sobre la calidad del agua y la alteración de los ecosistemas. La decisión de la Corte Suprema podría limitar el alcance de las revisiones ambientales para proyectos como este, reduciendo las vías que tienen las comunidades para impugnar desarrollos potencialmente dañinos.
La reducción del alcance de las revisiones bajo la NEPA ocurre en un contexto de desafíos climáticos cada vez mayores. Estudios recientes indican que sistemas climáticos críticos, como la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico (AMOC, por sus siglas en inglés), están en riesgo de sufrir alteraciones significativas, lo que podría provocar consecuencias climáticas graves a nivel mundial.
Limitar las evaluaciones ambientales puede dificultar la identificación y prevención de proyectos que contribuyen al cambio climático, obstaculizando los esfuerzos tanto nacionales como globales para mitigar la degradación ambiental.
El fallo de la Corte Suprema representa un cambio significativo en la política ambiental, que potencialmente debilita las herramientas disponibles para evaluar y abordar los impactos ambientales y de salud de los proyectos de infraestructura. Mientras el país enfrenta las realidades del cambio climático, las evaluaciones ambientales integrales siguen siendo fundamentales para garantizar un desarrollo sostenible y proteger a las comunidades vulnerables.