Cuando la mayoría de los estadounidenses piensa en la agricultura, se imagina a familias trabajadoras cultivando alimentos en armonía con la tierra. Pero tras bambalinas, la agricultura en EE.UU. está experimentando una transformación drástica. Bajo el lema de la “eficiencia,” el gobierno federal está acelerando una toma corporativa del sistema alimentario, recortando programas que apoyan a los pequeños agricultores y las prácticas regenerativas, mientras respalda la agricultura industrial. ¿El resultado? Degradación del suelo, agua contaminada, emisiones crecientes y un sistema alimentario al borde del colapso.
En el centro de este cambio se encuentra el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una nueva agencia que encabeza el esfuerzo de la administración por consolidar el poder en manos de unos pocos. En su corta existencia, DOGE ha desmantelado programas esenciales para la resiliencia climática, la nutrición comunitaria y la justicia económica. Este no es un camino hacia la sostenibilidad. Es una falsa solución—una que sacrifica la seguridad a largo plazo por ganancias corporativas a corto plazo.
El suelo es más que tierra. Es un ecosistema vivo que almacena carbono, filtra el agua y sostiene la biodiversidad. Según las Naciones Unidas, nos quedan aproximadamente 60 cosechas si continúan las tendencias actuales de degradación del suelo. Los métodos de agricultura industrial—monocultivos, fertilizantes sintéticos y labranza intensiva—están acelerando esta crisis. El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) ha apoyado durante mucho tiempo programas voluntarios de conservación para mitigar estos daños, pero esos programas ahora están en peligro.
Las propuestas presupuestarias recientes han puesto en la mira al Programa de Administración de Conservación (CSP) y al Programa de Incentivos para la Calidad Ambiental (EQIP), ambos diseñados para ayudar a los agricultores a implementar prácticas regenerativas como los cultivos de cobertura, el pastoreo rotacional y la reducción en el uso de pesticidas. Estas son soluciones más adecuadas, basadas en la ciencia ecológica. Recortar estos programas en nombre de la eficiencia presupuestaria no solo es una visión limitada. Es una irresponsabilidad.
Un metaanálisis de 2023 publicado en Nature Sustainability encontró que la agricultura regenerativa aumenta la materia orgánica del suelo y la biodiversidad, mejora la retención de agua y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Este tipo de prácticas son las que debemos ampliar—no abandonar.
El Departamento de Eficiencia Gubernamental fue presentado al público como un vigilante del gasto innecesario. En la práctica, ha funcionado como una herramienta para desmantelar la infraestructura pública destinada a la agricultura sostenible. Bajo la dirección de DOGE, se han desviado miles de millones en fondos de programas alimentarios locales, servicios de extensión cooperativa e iniciativas de capacitación para agricultores.
Estos recortes afectan de manera desproporcionada a los agricultores principiantes, agricultores de comunidades de color y comunidades rurales que ya enfrentan dificultades económicas. Programas como el Programa de Desarrollo para Agricultores y Ganaderos Principiantes (BFRDP) y el Programa de Reembolso de Costos de Certificación Orgánica han sido eliminados por completo. Mientras tanto, continúan fluyendo enormes subsidios hacia los mayores productores de maíz y soya, muchos de los cuales ya disfrutan de ganancias récord.
Esto no es un accidente. Es una decisión de política deliberada.
Según el Servicio de Investigación Económica del USDA, solo el 4 por ciento de las granjas en EE.UU. representa más de dos tercios de toda la producción. Estas mega-granjas dependen en gran medida de insumos derivados de combustibles fósiles y operan dentro de un sistema verticalmente integrado que maximiza el control corporativo mientras minimiza la autonomía de los agricultores.
Las granjas pequeñas y medianas producen una proporción desproporcionada de las frutas, verduras y productos lácteos del país—alimentos esenciales para una dieta saludable. Estas granjas también tienen más probabilidades de vender directamente a los consumidores a través de mercados campesinos, programas de agricultura apoyada por la comunidad (CSA) y tiendas locales. Según un informe de 2021 de la Coalición Nacional de Agricultura Sostenible, las granjas que venden localmente generaron el doble de empleos por acre que las granjas convencionales.
Sin embargo, estas operaciones comunitarias están siendo desmanteladas de manera sistemática. Los recortes al Programa de Promoción de Mercados Campesinos y al Programa de Promoción de Alimentos Locales están socavando los esfuerzos por crear sistemas alimentarios regionales resilientes. Estos programas son inversiones rentables con impactos desproporcionadamente positivos. Eliminarlos no es eficiencia. Es ideología.
En su lugar, la administración promueve soluciones lideradas por corporaciones, como las startups de agricultura vertical y los cultivos genéticamente modificados, como el futuro de la alimentación. Pero estas tecnologías suelen implicar altos costos de capital, grandes demandas energéticas y preguntas de seguridad aún sin resolver. Son falsas soluciones que ignoran las dimensiones sociales, ecológicas y económicas de la soberanía alimentaria.
Mientras los pequeños agricultores enfrentan la ruina financiera, la fuerza laboral agrícola está siendo desmantelada. Un reciente aumento en las redadas laborales y deportaciones ha creado un clima de miedo entre los trabajadores del campo. Según el Instituto de Políticas Migratorias, se estima que los inmigrantes indocumentados representan el 50 por ciento de la mano de obra en la cosecha de cultivos en EE.UU. Sin ellos, cadenas enteras de suministro colapsan.
Las redadas de ICE, la militarización de la frontera y el limbo legal para residentes de larga duración en EE.UU. han reducido drásticamente la fuerza laboral. Las consecuencias son visibles: campos con cosechas pudriéndose, lecherías cerradas y precios de los alimentos en aumento.
En lugar de crear vías hacia la ciudadanía o protecciones laborales, el gobierno ha optado por la criminalización. Esto no solo es cruel—es contraproducente. Un sistema alimentario saludable requiere una fuerza laboral estable y protegida. Cualquier otra cosa es una receta para el caos.
El auge de los monopolios agroindustriales está en el centro de esta crisis. Cuatro empresas controlan ahora más del 80 por ciento del mercado de la carne de res. Compañías de semillas y agroquímicos como Bayer-Monsanto, Corteva y Syngenta ejercen un control casi total sobre los insumos. Los gigantes minoristas dictan los precios y el acceso.
Esta concentración de poder elimina la competencia, infla los precios y debilita la resiliencia. Un estudio de 2022 del American Antitrust Institute encontró que las fusiones en el sector agroalimentario han dado lugar a la manipulación de precios, cuellos de botella en la cadena de suministro y una menor innovación.
La aplicación de leyes antimonopolio por parte de la administración ha sido, en el mejor de los casos, tibia. En muchos casos, DOGE ha acelerado en realidad la desregulación, agilizando la aprobación de tecnologías con alta carga química y adquisiciones de tierras por parte de entidades extranjeras. Como resultado, la propiedad de tierras agrícolas está pasando a manos de fondos de cobertura, fondos de pensiones e inversionistas del extranjero. La agricultura en EE.UU. se está convirtiendo en una cartera de inversiones, no en un bien público.
A pesar del panorama desalentador, hay motivos para la esperanza. En todo el país, está surgiendo un movimiento de base en torno a la soberanía alimentaria, la justicia territorial y la agricultura regenerativa. Los sistemas alimentarios indígenas, las cooperativas lideradas por comunidades afrodescendientes y las granjas administradas por inmigrantes están reclamando su lugar en el panorama agrícola.
Programas como la Ley de Acceso a la Tierra para Agricultores Principiantes (HR 3955) y la Ley de Justicia para los Agricultores Afroamericanos (S.300) ofrecen modelos prometedores para una reforma. Estas políticas priorizan la equidad, la conservación y el control local. Son excelentes soluciones fundamentadas en la resiliencia comunitaria y la integridad ecológica.
Las instituciones académicas también están tomando la iniciativa. La Universidad de Vermont, UC Davis y la Universidad de Tuskegee están a la vanguardia en la investigación sobre agroecología, cultivos adaptados al clima y sistemas agrícolas diversificados. Sus hallazgos ofrecen evidencia contundente de que los modelos regenerativos pueden alimentarnos mientras restauran el planeta.
Estos cambios requieren voluntad política y presión pública. Necesitamos un sistema alimentario que sirva a las personas, no a las ganancias.
Las tierras agrícolas de Estados Unidos están en una encrucijada. Podemos continuar por el camino de la consolidación, el caos climático y el control corporativo—o podemos elegir un futuro diferente.
El modelo actual puede parecer eficiente en teoría, pero es frágil, extractivo e injusto. El verdadero despilfarro no está en la agricultura comunitaria ni en las subvenciones para la conservación. Está en canalizar miles de millones hacia una máquina industrial que destruye lo que afirma proteger.
Un mejor sistema alimentario no solo es posible. Ya está creciendo en los márgenes. Lo que necesita ahora es apoyo—no sabotaje.
Rechacemos las falsas soluciones e invirtamos en un futuro alimentario basado en el cuidado, la cooperación y la resiliencia climática.