En junio de 2025, la junta directiva del Distrito de Control de la Calidad del Aire de la Costa Sur votó por 7 a 5 rechazar una norma histórica diseñada para reducir la contaminación por smog procedente de calderas y calentadores de agua a gas en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino.
La propuesta habría impuesto una tasa de mitigación a los nuevos aparatos de gas para reducir los óxidos de nitrógeno, los contaminantes que forman el smog y que empeoran el asma, las enfermedades cardíacas y la muerte prematura. En cambio, la norma se derrumbó ante una avalancha de más de 20 000 comentarios públicos en contra.
Muchos de esos comentarios se generaron y enviaron utilizando una plataforma de promoción impulsada por inteligencia artificial llamada CiviClick. La campaña fue dirigida por el consultor político Matt Klink, de Klink Campaigns, quien también es socio de California Strategies.
No se trató de un levantamiento popular espontáneo. Fue una campaña de presión remunerada y asistida por inteligencia artificial que modificó una importante decisión de salud pública.
CiviClick se promociona como una plataforma de defensa de base impulsada por inteligencia artificial. Promete a sus clientes la capacidad de generar rápidamente mensajes personalizados para reguladores y funcionarios electos a gran escala. Sus servicios están dirigidos a empresas, asociaciones comerciales, firmas de asuntos públicos y agencias digitales que buscan influir en los resultados de las políticas públicas.
En el caso de la norma de la costa sur, la plataforma se utilizó para reclutar personas que enviaran correos electrónicos en contra de la propuesta sobre la calidad del aire. El volumen fue extraordinario. Más de 20 000 comentarios inundaron el distrito en un breve periodo de tiempo.
Cuando el personal de la agencia hizo un seguimiento de una muestra de las comunicaciones recibidas, varias personas afirmaron que no habían enviado personalmente los mensajes que se les atribuían. Esto plantea serias dudas sobre el consentimiento, la autenticidad y la transparencia de los procedimientos reglamentarios.
Se supone que los comentarios públicos deben reflejar la opinión real de la ciudadanía. No una amplificación artificial diseñada para simular una amplia oposición.
La norma propuesta se centraba en los nuevos aparatos de gas, una medida a la que se opusieron firmemente la industria del gas fósil y los grupos empresariales aliados. La región es sede de Southern California Gas Co., conocida comúnmente como SoCalGas, una filial de Sempra.
SoCalGas ha luchado durante años contra las políticas de electrificación en California. La empresa ha realizado grandes inversiones en campañas de cabildeo y relaciones públicas para proteger su infraestructura de gas y retrasar las políticas que permitirían la transición de los edificios a alternativas eléctricas más limpias.
El bufete de Matt Klink ha representado a clientes como la Asociación de Apartamentos de California y a empresas del sector energético. Sempra, la empresa matriz de SoCalGas, también ha sido uno de los clientes del bufete.
Lo que sigue sin estar claro es quién financió directamente la avalancha de comentarios impulsada por la inteligencia artificial contra la norma de la costa sur. No existe ningún requisito de divulgación pública que identifique claramente a los patrocinadores financieros que hay detrás de este tipo de campañas de promoción digital. Esa opacidad es parte del problema.
Las empresas ahora pueden subcontratar esfuerzos de presión pública masiva a empresas digitales que aprovechan la inteligencia artificial para crear la apariencia de una oposición generalizada de la comunidad, sin revelar claramente quién paga por la campaña.
Este no es un caso aislado. CiviClick también se ha utilizado en otras luchas políticas, incluyendo iniciativas relacionadas con la ampliación de la infraestructura de gas en Carolina del Norte. En el Área de la Bahía, otras batallas normativas han sido testigo de campañas de comentarios a gran escala similares que utilizan plataformas de defensa integradas con IA, como Speak4.
Esta es la nueva generación del astroturfing.
Las campañas tradicionales de astroturfing se basaban en cartas tipo idénticas o llamadas automáticas. Las herramientas de IA actuales pueden generar miles de mensajes ligeramente variados que parecen personalizados y auténticos. Los reguladores ven el volumen y pueden interpretarlo como la opinión generalizada del público. Pero en la era de la IA generativa, el volumen ya no es sinónimo de legitimidad.
El sur de California sigue sin cumplir las normas federales sobre calidad del aire. La cuenca de la costa sur tiene uno de los niveles más altos de contaminación por ozono del país. Las comunidades cercanas a autopistas, refinerías y almacenes sufren una exposición desproporcionada al smog y a los contaminantes tóxicos del aire.
Los aparatos de gas contribuyen significativamente a la contaminación por óxido de nitrógeno en interiores y exteriores. Estudios revisados por expertos han relacionado las estufas y calderas de gas con un mayor riesgo de asma en los niños. La norma rechazada formaba parte de una estrategia más amplia para limpiar el aire de la región y realizar la transición hacia aparatos eléctricos alimentados por una red cada vez más renovable.
En cambio, una campaña de oposición amplificada digitalmente contribuyó a inclinar la balanza política.
Cuando los organismos reguladores se ven inundados de mensajes generados por IA, resulta más difícil distinguir entre las preocupaciones genuinas de la comunidad y la indignación fabricada por la industria. Esto distorsiona los procesos democráticos y socava las medidas de protección de la salud pública que se necesitan con urgencia.
La Ley de Divulgación de Bots de California exige que los bots se identifiquen cuando se utilizan para influir en elecciones o transacciones comerciales. Sin embargo, los procesos de comentarios normativos se encuentran en una zona gris.
Los comentarios públicos generados por IA pueden presentarse como comunicaciones auténticas de los ciudadanos, incluso cuando están orquestados por consultores pagados que utilizan herramientas de software patentadas. Actualmente no existe ningún requisito claro que obligue a las campañas de promoción asistidas por IA a revelar quién las ha pagado, cómo se han generado los mensajes o si las personas han aprobado explícitamente el texto final presentado en su nombre.
Esa brecha permite que intereses poderosos utilicen la inteligencia artificial como arma en ámbitos normativos que nunca se diseñaron para filtrar envíos masivos automatizados o semiautomatizados.
Si las empresas confían en su postura, deben defenderla de forma abierta y transparente. Deben revelar sus fuentes y métodos de financiación. No deben esconderse tras campañas populares artificiales que difuminan la línea entre la participación pública y la manipulación digital.
Los reguladores deben exigir la divulgación cuando los comentarios sean generados o facilitados por plataformas de promoción impulsadas por la inteligencia artificial. Las agencias deben poder identificar las campañas coordinadas, verificar el consentimiento de los participantes y sopesar los comentarios en consecuencia.
Los residentes del sur de California merecen aire limpio y un gobierno honesto. No se debe permitir que la inteligencia artificial erosione la integridad de la toma de decisiones públicas.
El futuro de la política medioambiental no puede decidirse mediante algoritmos implementados en la oscuridad.