El fracking y la perforación petrolera son algunas de las industrias más sedientas del mundo. Por cada barril de petróleo extraído, salen a la superficie varios barriles de agua residual tóxica, una mezcla contaminada con metales pesados, carcinógenos como el benceno, sustancias químicas eternas como los PFAS, e incluso isótopos radiactivos. Esta llamada agua producida es uno de los secretos más sucios de los combustibles fósiles: Estados Unidos genera miles de millones de galones cada día, mucho más agua residual que petróleo.
En lugar de pagar por tratar o contener esta agua de manera segura, las compañías petroleras están haciendo lobby para volver a etiquetar este desecho peligroso como un “recurso.” En estados azotados por la sequía como California, Texas, Nuevo México y Colorado, la industria está promoviendo la reutilización de estas aguas residuales como una solución climática — una forma de extender los escasos suministros de agua. Pero estudios revisados por pares y evaluaciones independientes demuestran que esta es una falsa solución que transfiere el riesgo a las comunidades, los agricultores y los consumidores, mientras prolonga la vida de los combustibles fósiles.
El agua producida contiene cientos de sustancias químicas — algunas de origen natural, otras añadidas durante la perforación y el fracking. Una revisión de 2020 en Environmental Health Perspectives encontró que los contaminantes incluyen metales pesados, compuestos orgánicos volátiles, radionúclidos y sustancias tóxicas persistentes, muchas de las cuales no tienen límites de seguridad establecidos para su reutilización (Wollin et al. 2020, PMC).
Las tecnologías de tratamiento pueden eliminar algunas sales y metales, pero ningún método garantiza la eliminación de todos los componentes tóxicos (Texas Produced Water Consortium 2024, Texas Tech). La ciencia es clara: el agua producida no es equivalente al agua dulce, y usarla fuera de los campos petroleros expone a las personas y a los ecosistemas a daños desconocidos y potencialmente irreversibles.
Durante décadas, agricultores en el condado de Kern, California, han regado almendras, pistachos, cítricos, uvas y vegetales con aguas residuales de campos petroleros mezcladas con agua superficial. Las autoridades estatales dicen que el agua de fracking está excluida, pero las mismas sustancias químicas usadas en el fracking también se emplean en perforaciones “convencionales” — y esos químicos pueden terminar en los canales de riego (California Water Board fact sheet).
Las implicaciones para la salud siguen siendo inciertas. Un estudio revisado por pares de 2021 en Risk Analysis modeló la exposición humana a metales traza a partir de cultivos regados con agua de campos petroleros. La mayoría de los consumidores se mantuvieron por debajo de los umbrales de preocupación, pero los riesgos de cáncer relacionados con el arsénico aumentaron en personas vegetarianas que consumen grandes cantidades de estos alimentos (Redmon et al. 2021, PMC). Otro estudio en Environmental Science & Technology encontró que los suelos regados con agua mezclada de campos petroleros acumulan sales y boro, lo que incrementa los riesgos a largo plazo para la salud del suelo y la viabilidad de los cultivos (Kondash et al. 2020, PubMed).
Mientras tanto, ya ha ocurrido contaminación real. La instalación Lost Hills de Chevron permitió que estanques sin revestimiento de aguas residuales filtraran hacia el agua subterránea e incluso al Acueducto de California, una fuente crítica de agua potable (Grist, 2023). A pesar de estas advertencias, California sigue normalizando la reutilización de aguas residuales bajo el lema de la “resiliencia ante la sequía.”
Texas avanza aún más rápido. En junio de 2025, el gobernador Greg Abbott firmó una ley que autoriza el uso de aguas residuales tratadas del fracking para riego agrícola. El estado genera alrededor de 33 millones de barriles de agua producida cada día, el equivalente a más de 1,500 piscinas olímpicas — o casi 12 mil millones de barriles al año (Texas Produced Water Consortium 2024).
La ley también protege a las compañías petroleras y a los propietarios de tierras de cualquier responsabilidad si la reutilización de aguas residuales causa daños. Sin embargo, la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) no cuenta con estándares integrales de calidad del agua para el agua producida, solo con una base de datos incipiente sobre su composición química.
La evidencia científica sugiere que los riesgos son reales. Un experimento de 2020 publicado en Science of the Total Environment demostró que regar trigo con solo un 5% de agua producida redujo el rendimiento de los cultivos, disminuyó la diversidad microbiana del suelo y dañó la salud del suelo (Miller et al. 2020, ScienceDirect).
A pesar de esto, la TCEQ ya está revisando permisos para descargar agua producida tratada directamente en cuerpos de agua como el río Pecos, lo que ha generado alarma entre comunidades y defensores del medio ambiente (informe de EDF y Texas Living Waters 2025).
En mayo de 2025, tras 18 meses de debate, la Comisión de Control de Calidad del Agua de Nuevo México prohibió la descarga de aguas residuales tratadas del fracking en ríos, tierras de cultivo u otros usos, citando la falta de protecciones basadas en la ciencia. Grupos ambientalistas elogiaron la decisión como responsable y necesaria.
Pero en menos de un mes, un grupo de presión de la industria — Water, Access, Treatment and Reuse (WATR), respaldado por Chevron, ConocoPhillips y Occidental Petroleum — presionó a la comisión para reabrir el debate de inmediato. Legisladores condenaron esta maniobra como un abuso del proceso administrativo.
Científicos advierten que los riesgos son demasiado altos. Nuevo México produce más de dos mil millones de barriles de agua producida al año. Sin una regulación estricta, las compañías podrían esparcir carcinógenos, metales pesados y partículas radiactivas en comunidades, cultivos y cuerpos de agua.
Colorado se convirtió en el primer estado en exigir el reciclaje, requiriendo que el 4% de las aguas residuales de los campos petroleros se reutilicen en 2026, con un aumento progresivo hasta llegar al 35% para 2038. Aunque se ha elogiado como un precedente importante, críticos señalan que las reglas son modestas en comparación con los miles de millones de galones que se producen, carecen de sanciones para quienes las incumplen y podrían aumentar la contaminación del aire debido a las plantas de tratamiento y el transporte en camiones.
El Consorcio de Agua Producida de Colorado, un grupo creado por el poder legislativo que incluye científicos, miembros de la comunidad y representantes de la industria, presentó las reglas como un comienzo cauteloso. Pero incluso sus propios miembros admiten que este enfoque legitima la reutilización sin proteger plenamente a las comunidades en primera línea.
Salud humana: El agua producida contiene carcinógenos, disruptores endocrinos, sales e isótopos radiactivos. El tratamiento no puede garantizar su eliminación completa.
Cadena alimentaria: Estudios muestran que regar con agua producida altera los suelos y reduce los rendimientos (Miller et al. 2020). La acumulación a largo plazo de toxinas en los cultivos no se entiende bien.
Suelos y acuíferos: El boro y las sales se acumulan, lo que pone en peligro la viabilidad del suelo y la calidad de las aguas subterráneas (Kondash et al. 2020).
Actividad sísmica: La inyección profunda de aguas residuales, que sigue siendo el principal método de eliminación de la industria, ha provocado sismos en Oklahoma y Texas.
Llamar a la reutilización del agua producida “resiliencia climática” es engañoso. En realidad, esta práctica:
Traslada los costos de disposición de las compañías petroleras a las comunidades y los agricultores.
Pone en riesgo a los consumidores al introducir toxinas en los alimentos y el suministro de agua.
Lava la imagen de los combustibles fósiles, ayudando a prolongar la perforación.
Distrae de las verdaderas soluciones como eliminar gradualmente el petróleo, conservar el agua y escalar la agricultura regenerativa.
La ciencia revisada por pares y los informes gubernamentales coinciden: no existe ninguna evidencia de que el agua producida pueda tratarse hasta alcanzar un estándar seguro para su uso agrícola o municipal sin restricciones. Y, sin embargo, bajo la presión de la sequía y el cabildeo de la industria, los estados avanzan a toda prisa.
Desde las almendras en el condado de Kern hasta los campos de trigo en Texas, los desechos de los combustibles fósiles están siendo introducidos a escondidas en nuestro sistema alimentario bajo el pretexto de alivio ante la sequía. La ciencia demuestra que hay riesgos para el suelo, los cultivos y la salud humana — y la misma industria admite que el tratamiento es costoso e incompleto.
Esto no es conservación del agua. Es eliminación de desechos tóxicos disfrazada. Las comunidades del suroeste merecen soluciones reales, no benceno en su desayuno.
Fuentes Clave::
Redmon et al. 2021, Análisis de riesgos: PMC
Kondash et al. 2020, Ciencia y tecnología medioambiental: PubMed
Miller et al. 2020, Ciencia del medio ambiente total: ScienceDirect
Wollin et al. 2020, Perspectivas de salud ambiental: PMC
Consorcio de Agua Producida de Texas 2024: Texas Tech
EDF y Texas Living Waters 2025: Informe en PDF
Hoja informativa de la Junta de Aguas de California: Waterboards.ca.gov